Editorial

La permisología como traba al desarrollo

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Desde mediados de los años 80, cuando comenzaron a dar fruto las transformaciones económicas que impulsarían el cambio económico de Chile en las décadas siguientes, se fue volviendo cada vez más frecuente escuchar la proyección -mezcla de anhelo, promesa y diagnóstico- de que los chilenos “vivirán en un país desarrollado dentro de una generación”. Sabemos, claro, que no ha sido así, y ya ha pasado una generación.

Al respecto, es decepcionante escuchar la cruda lectura que hizo el ex ministro Ignacio Briones en entrevista con DF, la semana pasada: “La principal tranca para el desarrollo, para el crecimiento que hemos tenido en los últimos diez años y también para el desarrollo futuro, es un sistema político disfuncional, incapaz de lograr acuerdos que deriven en políticas públicas pro desarrollo en lo económico y en lo social”.

Aquí hay una oportunidad de dar un estímulo al crecimiento económico en forma poco vistosa, pero muy efectiva.

Existe, sin embargo, un área sí donde se puede lograr acuerdo para dar un impulso significativo al alicaído dinamismo económico, que es la reducción de la burocracia en la tramitación y aprobación de proyectos de inversión. Pues como dijo el extitular de Hacienda, “la permisología es un impuesto a la inversión y un impuesto alto”.

Ello no necesariamente implica, según ya han advertido algunos, una intención de relajar el estándar regulatorio. En efecto, no se trata de perder en calidad lo que se busca ganar en eficiencia y costos. Al contrario, un entorno regulatorio menos “pesado” y más fácil de entender por todos los agentes afianzaría tanto su legitimidad como sus resultados.

El Gobierno ha anunciado una agenda en esta materia, lo que es positivo, pero lo cierto es que enfrenta tiempos políticos acotados si espera que cualquier conjunto de medidas tenga impacto en el corto y mediano plazo, pues pronto surgirán las dinámicas (y presiones) previas a la contienda electoral de 2025. Una forma de acelerar resultados es avanzar en medidas administrativas, que no requieren trámite legislativo para su implementación.

Aquí hay una oportunidad de quitar trabas al desarrollo en forma poco vistosa, pero muy efectiva.

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